Radio Progreso Honduras

Al igual que todos los años, cuando toma posesión el nuevo gobierno, los diputados se sientan a aprobar decretos y los ministros se encuentran con las instituciones del Estado en quiebra. En los informes siempre se van a ver las estatales sin fondos. Sin embargo, a ese funcionario se le premia con darle otro cargo ganando miles y miles por hacerle daño al país.

Por ejemplo, Oswaldo Ramos Soto que durante sus años como rector de la Universidad Autónoma le hizo tanto daño, ahora calienta uno de los curules del Congreso Nacional. Estos cincuenta y ocho legisladores o dadores de subsidios fueron escogidos nuevamente por las minorías que acudieron a las cuestionadas elecciones auspiciadas por el régimen de facto.

Según la fundación Democracia Sin fronteras, la mayor parte de los diputados se han caracterizado por la ausencia de mociones, anteproyectos de ley e inasistencias a las sesiones del Congreso Nacional, además de estar vinculados con el golpe de Estado del pasado 28 de junio cuando se derrocó al presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

En el “nuevo Congreso Nacional” los nacionalistas tienen mayoría legislativa con 71 escaños, los liberales poseen 45, los demócratas cristianos cinco, Unificación Democrática cuatro y el Pinu tres.

Los diputados y diputadas que asumieron su cargo el pasado 25 de enero, dejaron claro a la población; “la oligarquía es la que toma las decisiones sobre el destino de la economía y la política” en Honduras.

Y para muestra un botón; en su primera reunión del 26 de enero aprobaron amnistía general por delitos políticos y comunes conexos para los involucrados en el golpe de Estado y responsables directos de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos; es decir se recetaron impunidad.

En este país el diputado o la diputada le debe obediencia al partido político propiedad de los grupos fácticos y no al pueblo que le concede la representación. Por estos y otros favores, los legisladores tienen muchos beneficios, por ejemplo; la directiva del Congreso les asigna millones de lempiras por concepto de fondos departamentales y discrecionales de los cuales nunca rinden cuentas y nadie los investiga.

De esta triste realidad se desprende un gran reto para la población hondureña, democratizar el Congreso Nacional desde la escogencia de hombres y mujeres honestas y dignas, hasta la realización de auditorías y vigilancia ciudadana.