Radio Progreso Honduras

Washington (EFE) - La CIDH ha incluido por primera vez a Honduras, tras el golpe de Estado del pasado año, entre los países que no respetan los derechos humanos y mantuvo un año más en la "lista negra" de su informe anual a Cuba, Venezuela, Colombia y Haití.

El informe, presentado hoy por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluye el denominado Capítulo IV, que llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.

En el caso de Honduras, la CIDH se basa en el informe elaborado a raíz de la visita que efectuó a ese país tras el golpe de Estado que derrocó el 28 de junio de 2009 a Manuel Zelaya.

La CIDH constató que en Honduras se produjeron "graves violaciones" a los derechos humanos, entre las que citó las muertes que se registraron, la declaración arbitraria del estado de excepción, la represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias de miles de personas.

La CIDH también denunció tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, una militarización del territorio, un aumento de las situaciones de discriminación racial, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.

En cuanto a Venezuela, la CIDH resalta de nuevo la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, y que no se ha garantizado a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno.

La Comisión destaca que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.

La CIDH alega que se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela con mecanismos que restringen las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes, y se han impulsado acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas de la oposición.

El organismo apunta, asimismo, a "una preocupante tendencia" a castigar, intimidar y agredir a personas con represalias por haber expresado su disenso con las políticas oficiales.

En relación a Cuba, la CIDH reitera que el embargo "debe terminar" por el impacto que tiene en los derechos humanos, pero recalca que eso no exime a La Habana de cumplir sus obligaciones.

Durante el año pasado hubo nuevos casos de presos políticos denuncia la CIDH, que señala, además, que varios de los 75 opositores condenados en la llamada "Primavera Negra" de 2003 sufren problemas de salud sin que se les provea de una adecuada atención médica.

Insta de nuevo a La Habana a ordenar la liberación inmediata de los que aún permanecen detenidos y a declarar nulas sus condenas.

Por otro lado, la CIDH reitera su preocupación porque en Cuba siga habiendo más de 20 periodistas presos, y por actos de hostigamiento contra miembros de "las Damas de Blanco".

En el caso de Colombia, la CIDH señala que Bogotá aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales y en la implementación del marco legal adoptado para juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.

El organismo mantiene su preocupación por la existencia de reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares, el fenómeno del rearme y la formación de nuevos grupos armados.

Un tema de especial preocupación para la Comisión es el empleo de mecanismos de inteligencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos de cooperación internacional y organizaciones internacionales.

Por último, con respecto a Haití, la CIDH expresa de nuevo su preocupación por la seguridad pública, la administración de justicia, la impunidad y la situación de personas vulnerables.

Las deficiencias estructurales e institucionales requieren reformas y asistencia, afirma la CIDH, que sostiene que la ineficacia de la justicia, la corrupción y la importante falta de recursos financieros y humanos contribuyen a un entorno de impunidad que afecta la capacidad del Estado de garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.