28 abr. 2010

La CIDH expresa su preocupación por la nueva ley sobre inmigración de Arizona

Washington, (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su profunda preocupación por la nueva ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en el estado de Arizona (EE.UU.) y que se aprobó la semana pasada.

En un comunicado, la CIDH manifestó su preocupación ante "el alto riesgo de discriminación racial" en la implementación de la ley y por el hecho de que criminaliza la presencia de indocumentados.

En este sentido, recordó que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y después de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad.

Tal como la CIDH lo indicó en julio de 2008 en una resolución sobre la "Directiva de Retorno" adoptada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de ese año, los estados deben evitar la prolongación excesiva de la detención en todos los casos, y deben asegurar que sea lo más breve posible.

Asimismo, la detención debe ser ordenada por la autoridad competente, que por regla general debe ser un juez, reiteró.

La CIDH admitió que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio, pero subrayó que las acciones en este sentido deben realizarse dentro del pleno respeto a los derechos de las personas afectadas.

Además, que los principios fundamentales como la no discriminación y los derechos a la libertad e integridad personal no pueden subordinarse a la implementación de los objetivos de las políticas públicas.

En este contexto, instó a las autoridades de EE.UU. a buscar los mecanismos adecuados para modificar la ley de Arizona con el fin de adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los inmigrantes.

La ley, que fue firmada el 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, y que entrará en vigor en tres meses, convierte la inmigración ilegal en un delito estatal y autoriza a la Policía a exigir documentos de residencia a cualquier persona de la que se sospeche esté indocumentada.

Quienes no puedan comprobar su residencia legal estarán sujetos a hasta seis meses de prisión y una multa de 2.500 dólares.

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