26 feb. 2010

CEJIL: La impunidad se consolida en Honduras



CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

La impunidad se consolida en Honduras

Washington D.C. 26 de febrero de 2010

Las autoridades hondureñas han dado varios pasos alarmantes para evitar rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Así lo advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en cartas enviadas hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité contra la Tortura y a otras relatorías especiales de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, el Congreso hondureño nombró diputado vitalicio al ex líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, lo cual lo protege de acusaciones penales por su papel durante el golpe. El 26 de enero, la Corte Suprema declaró el sobreseimiento definitivo contra seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, ya que consideró que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. El mismo día, el Congreso aprobó un decreto de amnistía para los crímenes relacionados con el golpe; sus términos son ambiguos y por ello su implementación podría abarcar serias violaciones a los derechos humanos.

Estas tres decisiones cuestionan el cumplimiento del Estado de Honduras, de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.

El otorgamiento de una diputación vitalicia a Roberto Micheletti viola tanto las leyes nacionales como internacionales: la Constitución de Honduras no contempla esta figura y la CIDH ha establecido que este tipo de decisiones viola tanto los derechos políticos como la igualdad ante la ley, garantizados en la Convención Americana. Las resoluciones de la CIDH acerca de este tema se produjeron en 1999 en respuesta a una estipulación similar en la Constitución de Chile que beneficiaba al general Augusto Pinochet

Por otra parte, el absurdo fallo de la Corte Suprema, que consideró necesario el derrocamiento del presidente constitucional para preservar la democracia, es consistente con el evidente apoyo político que ese alto tribunal brindó al golpe de Estado; así lo señaló la CIDH en su informe acerca del golpe divulgado en enero pasado.

De manera reiterada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “… garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables […] surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad.”

A la vez, el deber estatal de investigar y sancionar serias violaciones a los derechos humanos, limitándose el alcance de las leyes de amnistía ha sido reafirmado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros mecanismos internacionales de protección vinculantes para Honduras.

Después del derrocamiento del presidente constitucional, Manuel Zelaya, las fuerzas de seguridad de Honduras cometieron extensas violaciones a los derechos humanos, que incluyeron al menos siete muertes de manifestantes pacíficos opuestos al golpe, miles de detenciones ilegales y arbitrarias y numerosos casos de maltratos, torturas e incluso abusos sexuales, así como censura, restricciones y hostigamiento a la prensa independiente.

Las decisiones recientes del Gobierno hondureño no solo podrían limitar el derecho de las víctimas a una reparación efectiva, sino que también podrían impedir a la sociedad hondureña el reconocimiento oficial de las violaciones ocurridas y el establecimiento de las responsabilidades a quienes corresponda. Ambas acciones son imprescindibles para evitar que los hechos se repitan.

En las cartas enviadas hoy, la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, pidió a diversos órganos regionales y de las Naciones Unidas solicitar información al Estado de Honduras acerca de las decisiones tomadas; hacer recomendaciones para revertir dichas decisiones y garantizar que todas las violaciones ocurridas desde el golpe de Estado sean efectivamente investigadas y sancionadas, de acuerdo con el marco internacional de protección de los derechos humanos que es de acatamiento obligatorio para Honduras. CEJIL también solicitó que los órganos de protección proogramen visitas a Honduras para que investiguen las acciones del Estado y presionen por cambios.

CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional para que se pida al Estado hondureño el total cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de la protección a los derechos humanos y, específicamente, se eliminen todos

Los obstáculos para investigar y sancionar a los responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos desde el golpe del 28 de junio. Una genuina reconciliación solo es posible con el establecimiento de la verdad y la justicia.

Así, como un paso necesario para reconstruir la democracia, los distintos poderes del Estado hondureño deben asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos sean efectivamente investigadas y sancionadas. Si Honduras falla en esta tarea, los órganos internacionales de protección a los derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos deberán tomar las acciones apropiadas de acuerdo con sus mandatos y competencias.

CEJIL escribió a la CIDH, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, al presidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y a los relatores especiales de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, para la Prevención de la Tortura y para la Protección de los Defensores de Derechos humanos.


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