Radio Progreso Honduras

Reina Rivera, Coordinadora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH, dijo que ante gobiernos de dictadura y de violaciones graves y sistemáticas a los derechos personales es la misma sociedad civil la que lidera el restablecimiento de estas garantías individuales; sin embargo, analiza que el actual proceso de amnistía decretado por el nuevo gobierno no se plantea dentro de un marco de igualdad de condiciones, ni con la debida confianza nacional e internacional.

Para Ciprodeh, el presidente Lobo Sosa, no es quien propone la amnistía para los responsables de violaciones cometidas antes, durante y después del golpe de Estado, tampoco es el autor de la creación de una Comisión de la Verdad, sino que lo hace dentro de un guión elaborado y liderado por los Estados Unidos con el Acuerdo de Tegucigalpa-San José.

Rendición de cuentas

Normalmente los procesos de rendición de cuenta forman parte de la transparencia institucional, donde al estilo Honduras los informes se presentan maquillados, tales como los reportados por la Secretaría de Finanzas.

“A nuestra ciudadanía se le deniega información certera y de calidad como para saber por ejemplo cuánto se asignó de financiamiento a la Policía y a las Fuerzas Armadas para reprimir a los pobladores, cuántos efectivos tienen, cuánto se invirtió en la compra de nuevas armas, donde las compraron, quien dota las armas químicas y toletes. Indagaría sobre las prácticas, entrenamientos y órdenes civiles y militares, asesores y todo lo que implique una auditoría total de fondo”.

Rivera señala que ella confiaría más en un informe presentado por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, CIDH, y por Amnistía Internacional, antes que recibir un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Interior, CONASIN.

Falta de voluntad política

El informe de Amnistía recomienda al Estado de Honduras a proporcionar reparación a las víctimas de abuso, basados en los principios de restitución, indemnización, rehabilitación satisfacción y garantías de no persecución, para lo cual se requiere de la impartición de justicia por parte de jueces independientes, pero en la actual crisis política estatal, los mismos jueces independientes son víctimas del sistema de represión al grado de despedirlos de sus cargos.

La reparación, también desde el punto de vista político, el Estado debe reconocer y aceptar que cometió las violaciones a los Derechos Humanos. Por esta vía la reparación tiene un camino lleno de espinas.

Rivera dice que actualmente ninguna autoridad tiene la voluntad política de aceptar sus responsabilidades por los abusos de poder, mucho menos para efectuar una verdadera reconciliación nacional. Tal como el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, demanda la devolución de la institucionalidad del estado para que cada dependencia cumpla con su fiel mandato, el informe de Amnistía también recomienda a Honduras reforzar la Fiscalía de Derechos Humanos para verdaderamente salvaguardar la vida e integridad de los actores sociales del país.

“Obviamente las nuevas autoridades de Honduras lo que menos quieren es la impartición de la concesión de conquistas sociales y de más democracia, entonces el Ministerio Público es un hacedor del chantaje jurídico a cambio de la persecución política, así como de la permisividad de violaciones sistemática a las garantías humanas”, señala la coordinadora. Indicó que las agendas de las autoridades de facto y las entrantes no dan espacio para efectuar un monitoreo permanente o una crítica que sea tomada por alguien. “Estamos como en un diálogo de sordos”. La Resistencia es un movimiento de seria oposición gubernamental, las autoridades saben de su existencia, pero a nivel de sus discursos públicos no le dan un reconocimiento, argumentó.

La verdad, la justicia y reparación son la trilogía de los Derechos Humanos. No olvidar delitos ni dejarlos en la impunidad pide Amnistía Internacional.