Radio Progreso Honduras

Washington, D.C. La destitución de varios jueces que se opusieron al golpe de estado de 2009 constituye un grave revés para la independencia judicial en Honduras, señaló hoy Human Rights Watch.

El 12 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de Honduras votó para ratificar su anterior decisión de 5 de mayo de destituir a cuatro jueces de tribunales inferiores quienes forman parte de Jueces por la Democracia, una organización que ha cuestionado la legalidad del golpe de estado que apartó del poder al Presidente Manuel Zelaya el año pasado.

“El poder judicial hondureño debería estar trabajando para restablecer el estado de derecho y reparar los daños provocados por el golpe de estado del año pasado”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al destituir a estos jueces, la Corte Suprema está haciendo exactamente lo contrario”.
El juez Ramón Barrios fue separado de su cargo por criticar públicamente la sentencia de la Corte Suprema de junio de 2009 que validaba el golpe. Barrios formuló su crítica durante una conferencia académica en la Universidad de San Pedro Sula, donde se desempeña como profesor de derecho. Según la oficina de personal de la carrera judicial, la razón para destituir a Barrios fue porque su crítica ”atentaba contra la dignidad” de la Administración de Justicia.

El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La naturaleza política de esta resolución resulta evidente si se tiene en cuenta que en junio de 2009 la directora de la oficina de personal de la carrera judicial cursó una invitación oficial a todos los empleados del poder judicial, incluidos los jueces, para que asistieran a una manifestación pública en favor del gobierno de facto.

Una cuarta jueza, Tirza Flores Lanza, fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya. La oficina de personal de la carrera judicial expresó que sus actos violaron la norma que prohíbe que los jueces participen en litigios. El juez López Lone expresó a Human Rights Watch que la jueza Flores Lanza había intentado defenderse frente a estas acusaciones ofreciendo pruebas a la oficina de personal de que otros jueces habían presentado amparos en el pasado y no habían sido objeto de sanciones disciplinarias.

El procedimiento disciplinario contemplado en las leyes hondureñas para la remoción de los jueces no es transparente ni respeta las garantías básicas de debido proceso. Si bien los jueces tuvieron la posibilidad de presentar pruebas en su defensa al director de personal del poder judicial, no se les permitió estar presentes ni participar en el procedimiento ante la Corte.