Radio Progreso Honduras

La moción que fue presentada a mediados de semana en el Congreso Nacional, CN, tuvo como sustento una carta que las autoridades de la CSJ enviaron el 29 de junio anterior a todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial para que participaran en la “Marcha por la Paz y la Democracia en Honduras”, que reforzaba el golpe de Estado.


Como es el caso del juez Ramón Enrique Barrios quien fue destituido supuestamente porque expresó sus criterios condenando el golpe de Estado en su cátedra universitaria y porque sus argumentos fueron utilizados en un artículo de prensa escrito por la Directora de la carrera de Periodismo de la UNAH-VS, Patricia Murillo.

A pesar de que en la misiva es evidente la parcialidad que adoptó la institución judicial ante los acontecimientos del 28 de junio, el argumento que los magistrados del tribunal superior de la CSJ utilizaron para la separación de los jueces del Poder Judicial fue la participación de estos últimos en actividades de protesta al golpe de Estado.

Esta iniciativa causó revuelo y fue apoyada por varios diputados, sin embargo, el titular del CN, Juan Orlando Hernández suspendió el debate aduciendo que “se trataba de un caso muy grave” y que “es necesario darle mayor reflexión en otra sesión”, mencionó.

De aprobarse la moción, se conformaría una comisión de 7 diputados, quienes tendrían un plazo de 15 días para presentar al pleno de CN un informe en detalle de la conducta administrativa de la CSJ, informó Marvin Ponce.

Inicialmente también se mencionaba la destitución del defensor público, Osman Fajardo Morel, por ser parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, la cual integran los funcionarios destituidos.