Radio Progreso Honduras

Víctor Fernández, abogado del Frente de Resistencia contra el golpe de Estado califica el acuerdo 124-2009 aprobado por el gobierno de facto en reunión de Consejo de Ministros como un modo de generar miedo entre los medios de comunicación y empujarles a bajar el perfil de información para poder controlar así a la población. “En definitiva”, dijo, “se trata de impedir la creación de conciencia ciudadana y de mantener la mentira y la falacia”.

El acuerdo 124-2009 aprobado el pasado lunes por el consejo de ministros de facto autoriza a CONATEL a cerrar cualquier medio de comunicación que atente, entre otras cosas, contra la seguridad nacional o incite a la violencia.

Para el abogado esto sólo demuestra “el carácter fraudulento con el que actúa la Administración porque con este acuerdo pretende regular el artículo 28 de la ley marco de telecomunicaciones que habilita para que CONATEL pueda cancelar las concesiones o licencias bajo un supuesto de proteger la seguridad nacional”.

“Incluso bajo estas condiciones”, continúa el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, “tienen que cumplirse unos requisitos que si no se dan, lo que haga CONATEL o cualquier funcionario del Estado en contra de cualquier medio de comunicación encaminado a la cancelación de frecuencias, es nulo y genera responsabilidades penales que tienen que ser castigadas”.

En opinión de Víctor Fernández siempre que se tome la decisión de cancelar la frecuencia a una emisora de radio, “se tiene que determinar que existe un riesgo para la seguridad nacional, y valorar el por qué de ese riesgo”.

Según el abogado al ejecutivo y a CONATEL esa información sobre un posible atentado contra la seguridad nacional únicamente les puede llegar a través de las fuerzas de seguridad del Estado que son quienes reportan de los posibles atentados contra la integridad de la nación o su seguridad.

“Los medios de comunicación tienen derecho a enterarse de inmediato, a través de CONATEL, de qué conductas están incurriendo que atenten contra la seguridad nacional y tiene el derecho a defenderse, alegando el derecho a la libertad de expresión y el derecho que todo ciudadano tiene a estar informado sobre lo que ocurre en el país”.